La minería ilegal dentro de los territorios indígenas y las unidades de conservación en Brasil aumentó en área en un 495 % y un 301 %, respectivamente, entre 2010 y 2020, según muestra un nuevo informe.
Los territorios indígenas más afectados fueron las reservas Kayapó, Munduruku y Yanomami, con un área combinada de casi 10.000 hectáreas (25.000 acres) ocupadas por mineros ilegales.
La tendencia está impulsada por el aumento de los precios internacionales del oro, el estaño y el manganeso, los metales que normalmente se extraen dentro de las reservas, así como por la aplicación laxa y la falta de alternativas económicas.
Si bien la minería dentro de los territorios indígenas y las unidades de conservación está prohibida por la Constitución de Brasil, el gobierno actual está impulsando una legislación que lo permita.
Los mineros ilegales ampliaron su huella en los territorios indígenas de Brasil en casi un 500 % entre 2010 y 2020, según un informe reciente del colectivo de investigación MapBiomas. También muestra que los mineros ilegales aumentaron su presencia en las unidades de conservación en un 301% durante el mismo período.
“Estas son estadísticas escandalosas”, dijo el geólogo César Diniz, coordinador técnico de mapeo minero de MapBiomas. “Aunque la prospección en territorios indígenas no es nada nuevo, lo estamos viendo expandirse a pasos agigantados desde 2017”.
El informe identifica al Territorio Indígena Kayapó, en el estado de Pará, como el más afectado, con 7.602 hectáreas (18.785 acres) ocupadas por mineros ilegales. Luego está la Reserva Indígena Mundurukú, también en Pará, donde los mineros ilegales ocupan 1.592 hectáreas (3.934 acres), seguida por el Territorio Indígena Yanomami que se extiende a ambos lados de los estados de Amazonas y Roraima (414 hectáreas, o 1.023 acres).
Pará es también el estado con más minería ilegal, en términos de área, que se lleva a cabo dentro de las unidades de conservación. Según el informe, las tres unidades más afectadas son el Área de Protección Ambiental Tapajós (34.740 hectáreas o 85.844 acres), el Bosque Nacional Amaná (4.150 hectáreas o 10.255 acres) y el Parque Nacional Rio Novo (1.752 hectáreas o 4.329 acres) .
“Los territorios indígenas y las unidades de conservación tienen bosques y suelos vírgenes”, dijo Diniz. “Cuanto más virgen es el suelo, mayor es la probabilidad de encontrar oro. Es por eso que los buscadores buscan regiones que estén protegidas e intactas”.
Otro informe publicado en abril, por la Asociación Indígena Hutukara Yanomami, mostró que la minería ilegal en la reserva Yanomami casi se ha triplicado en los últimos tres años y que el 56% de los 27.000 habitantes indígenas de la reserva, la más grande de Brasil, están directamente afectados. por la actividad
Un informe similar de 2021 del Instituto Socioambiental (ISA), una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales, estimó que la minería ilegal en la reserva de Mundurukú creció un 363 % en solo dos años.
Fuerte precio del oro, débil aplicación de la ley
Hay tres factores económicos que ayudan a explicar la explosión de la minería ilegal en la Amazonía en los últimos años, según Luiz Jardim Wanderley, profesor de geografía de la Universidad Federal Fluminense (UFF).
“A partir de 2017 hubo un aumento de precios en el mercado internacional de los commodities que se están extrayendo en los territorios indígenas, que son el oro, el estaño y el manganeso”, dijo.
El segundo factor es que la minería ilegal genera empleos: a pesar de estar cada vez más mecanizada con excavadoras y otra maquinaria industrial, aún requiere mucha mano de obra.
“Con el empeoramiento de la pobreza en Brasil, el aumento del desempleo y la crisis económica de los últimos años, el trabajo informal y precario en las minas, que incluso a veces es análogo a la esclavitud, se está expandiendo, atrayendo a más mano de obra”, dijo Wanderley.
El tercer factor es la falta de disuasivos legales sólidos para quienes participan en la minería ilegal, lo que hace que las recompensas valgan los riesgos.
“Se sabe desde hace mucho tiempo que estas tierras tienen problemas con las actividades de prospección, pero antes, veías una o dos minas en o cerca de estos territorios”, dijo Diniz. “Con el debilitamiento de la fiscalización gubernamental y la incapacidad de sancionar la minería ilegal, se ha vuelto cada vez más ventajoso incursionar en los territorios indígenas y unidades de conservación donde ya se conocía la existencia de oro”.
Junior Hekurari Yanomami, jefe del Consejo de Salud del Distrito Indígena Yanomami y Ye’kuana (Condisi-YY), dijo que ha estado reportando invasiones y conflictos entre mineros e indígenas en la reserva Yanomami desde 2018, pero que ninguno de los informes ha resultado. en acciones efectivas de las autoridades federales, incluida la Funai, la agencia para asuntos indígenas.
“Al gobierno federal no le importa nuestra seguridad”, dijo Junior Hekurari. “Presentamos denuncias todo el tiempo. El gobierno sabe lo que está pasando. El presidente [Jair] Bolsonaro alienta la invasión de buscadores de oro en nuestras tierras. Y la Funai, está muerta. Los indígenas no sabemos por qué sigue existiendo la Funai”.
En un comunicado, Funai dijo que ha actuado de manera efectiva con medidas prácticas para apoyar a las poblaciones indígenas y que las inspecciones en territorios indígenas en todo Brasil se encuentran entre las prioridades operativas de la agencia.
Ampliación de la frontera minera
El aumento de la minería ilegal en un 495% en territorios indígenas y un 301% en unidades de conservación representa una importante expansión de las antiguas fronteras mineras en la Amazonía.
“Las minas que vemos hoy son más o menos las mismas de la década de 1950”, dijo Diniz. “A menudo se reutilizan y se amplían en su perímetro. Casi nunca vemos el inicio de la prospección en áreas que nunca antes han sido explotadas. Casi siempre es una expansión de la frontera de prospección que se conoce desde hace décadas”.
Describió las principales características de la minería ilegal como un rastro de destrucción dejado en el lecho del río y la capacidad de los perpetradores para cambiar rápidamente de ubicación para evitar a los inspectores.
“Pero los agujeros abiertos en el lecho del río no se llenan. El agua allí está quieta y contaminada. Cuando los buscadores regresan a la región, agrandan aún más estos agujeros, lo que aumenta la deforestación y la fragilidad del suelo”, dijo Diniz.
Incluso si estas áreas mineras se abandonaran y se salvaran de una mayor interferencia humana, estos sitios tardarían al menos 20 años en recuperarse naturalmente, dijo Diniz. “Y no con la misma [calidad de] suelo ni con la misma biodiversidad”, agregó.
La Constitución de Brasil de 1988 prohíbe la minería en territorios indígenas y unidades de conservación. Pero la actividad de prospección en sí misma no es ilegal. Según el Estatuto de Prospección de 2008 (Ley N° 11.685), la prospección puede realizarse con permiso del gobierno si tiene un impacto ambiental bajo y se realiza en un área pequeña (menos de 50 hectáreas o 124 acres).
En febrero de 2020, la administración de Bolsonaro presentó un proyecto de ley al Congreso, PL 191, que, de aprobarse, permitiría la extracción de oro y varios otros minerales dentro de los territorios indígenas.
“El problema no es la actividad de prospección, ya que la prospección está prevista por ley en Brasil”, dijo Diniz. “El problema es que la prospección que se hace en la Amazonía casi siempre se hace sin licencia, con mercurio, dentro de territorios indígenas y unidades de conservación, y sin reparar el daño ambiental causado”.
Avance de la deforestación
El informe de MapBiomas también muestra que, en los últimos 30 años, Brasil perdió un total de 1,1 millones de hectáreas (2,7 millones de acres) de vegetación nativa. Las propiedades privadas representaron el 68,4% de esta pérdida total, con solo el 1,6% en territorios indígenas, lo que destaca su importancia como baluarte contra la deforestación.
Sin embargo, a pesar de que las reservas indígenas son las áreas mejor conservadas y responsables de mantener intacto lo que queda de la Amazonía brasileña, el informe advierte que la deforestación en los territorios indígenas se está acelerando. Cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), analizadas por MapBiomas, muestran que, de 2019 a 2021, la deforestación dentro de las reservas fue 1,7 veces mayor que durante el período 2016-2018.
Imagen principal de la minería ilegal de oro en el Territorio Indígena Kayapó en el estado de Pará, Brasil. Imagen de Felipe Werneck/IBAMA.
Esta historia fue reportada por el equipo de Mongabay Brasil y publicada por primera vez aquí en nuestro sitio de Brasil el 28 de abril de 2022.
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